En diciembre próximo, Olga Sánchez Cordero y Juan Silva
Meza dejarán la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Para su relevo,
el presidente Enrique Peña Nieto deberá enviar al Senado de la República, a más
tardar la primera semana de noviembre, un par de ternas. Algunos señalan que el
anuncio se podría adelantar a este mes. Por lo pronto, desde hace semanas se ha
desatado una lucha —primero soterrada, ahora claramente pública— que puede
llevar al encontronazo entre poderes.
Lo que comenzó como un rumor ha adquirido peligrosos
rasgos de certeza: PRI y PAN se repartirán esas posiciones. Raúl Cervantes
Andrade, excoordinador de Asuntos Jurídicos del Revolucionario Institucional,
dos veces diputado y expresidente de la Mesa Directiva del Senado, sería el
candidato de Los Pinos. ¿Quién lo impulsa? Nada menos que su primo: Humberto Castillejos
Cervantes, para más señas, consejero jurídico de la Presidencia de la
República.
El exdirector general de CEA Abogados y de Prosiga, SA de
CV, pidió licencia como senador el 3 de septiembre de 2014. No especificó en
ese entonces los motivos de su separación, sólo dijo que se integraría a la
docencia de tiempo completo en el ITAM. Sin embargo, ha trascendido que la
verdadera razón era cumplir el requisito de no haber ocupado un cargo de
representación popular al menos un año antes.
La otra posición sería para Acción Nacional. En un
principio, se dijo que correspondería a Santiago Creel Miranda, pero él mismo
se autodescartó. Aunque aceptó que está interesado, dijo que no presentaría su
candidatura, ya que “podría causarle un enorme daño a la institución”, al
generarle “un desgaste adicional” al que arrastraba tras la designación de
Eduardo Medina Mora, y provocar que este nombramiento se politizara.
Quien entraría al quite, trascendió, es Germán Martínez
Cázares, el exlíder nacional del partido, exsecretario de la Función Pública y
muy cercano al expresidente Felipe Calderón.
Ante esos avisos, las voces de alerta no se hicieron
esperar. Andrea Pozas Loyo, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM, y Julio Ríos Figueroa, investigador de la División de Estudios Políticos
del CIDE, advirtieron que “la inclusión en las ternas de candidatos con
militancia partidista explícita bajo la lógica de la lealtad sería un
movimiento miope que dañaría, eventualmente, al actual presidente, su partido,
y a los legisladores y partidos que en su caso aprueben nombramientos de este
tipo”.
Sus opiniones se apoyan en reconocidos estudiosos de la
ciencia política moderna como Mark Ramseyer, académico de la Escuela de Derecho
de Harvard, quien advirtió que “frente a la probable alternancia, una Corte
legítima y fuerte constituye un constreñimiento eficaz a los abusos del presidente,
mientras que una Corte partidizada y deslegitimada es un blanco fácil para
quien obtenga la mayoría de los votos”.
Incluso señalan que una Corte neutral y legítima le sería
mucho más útil al presidente Enrique Peña Nieto, pues las reformas
constitucionales y legales derivadas de las reformas estructurales “estarían
mejor protegidas”.
LA TRAYECTORIA JUDICIAL Y LA IGUALDAD DE GÉNERO
Los estudiosos del Derecho no son los únicos que han
alzado la voz para advertir que cualquier imposición desde el gobierno federal
o los partidos, sería vista como una afrenta para el Poder Judicial.
En un hecho inédito, la Asociación Nacional de Magistrados
de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación envió al
presidente Enrique Peña Nieto una carta solicitándole que en la terna incluya a
personas con destacada trayectoria judicial y totalmente desvinculadas de
cualquier influencia política que pudiera afectar sus resoluciones.
No es la primera vez que esta organización emite un
pronunciamiento similar. El pasado 15 de marzo enviaron una misiva al Senado,
justo previo a la elección del exembajador de México en Washington. Hoy la
comunicación es directa al primer mandatario.
“En este tenor, le solicitamos respetuosamente que en
estricto acato al texto constitucional, envíe las ternas correspondientes al
Senado de la República, integradas por personas que preferentemente hayan
servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia, lo
que es fundamental en este momento histórico, para reconocer a todas aquellas
personas que se han formado en esta actividad, desvinculados de cualquier
influencia política que afecte la imparcialidad e independencia con la que
siempre se han conducido”.
Le recuerdan que el artículo 95 constitucional establece
que estos nombramientos deben recaer en personas que preferentemente cuenten
con antecedentes profesionales en la actividad jurídica y probidad en la
impartición de justicia.
“El pueblo mexicano le agradecerá ese gesto de madurez
política, (pues) dejará como legado al terminar su función una Suprema Corte de
Justicia fuerte, respetable y con la independencia necesaria para proteger los
derechos de los mexicanos”.
A esta demanda se sumó la Asociación Mexicana de
Juzgadoras, AC que, el pasado 17 de septiembre le hizo llegar al jefe del
Ejecutivo un documento en el que le dice que está frente a la “oportunidad
única de dar una gran lección en materia de igualdad y justicia entre hombres y
mujeres”.
Para ello, le pide que “integre las dos ternas que enviará
al Senado sólo de mujeres con destacada trayectoria en la función
jurisdiccional, de tal manera que, incluso, exista la oportunidad de que puedan
designarse dos mujeres para el cargo de ministras de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación”.
De esta forma, en 2016, cuando la “Convención sobre
la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer”,
firmada por México en 1981, presente su siguiente informe, nuestro país podría
presumir que tiene una gobernadora (Claudia Pavlovich, en Sonora), 44
senadoras, 211 diputadas federales y tres ministras en la Corte (las dos que se
elijan, más Margarita Luna Ramos).
Alejandro Madrazo Lajous, doctor en Derecho por la
Universidad de Yale, y profesor-investigador de tiempo completo del CIDE,
presentó una petición al presidente y al Senado para que “en los próximos
nombramientos (de la SCJN) no se incluyan a militantes de los partidos políticos
o a sus amistades. Hacemos un llamado para que las ternas se integren con
perfiles profesionales, con amplio conocimiento en la materia y, sobre todo,
sin evidentes conflictos de interés”.
Demanda una auscultación abierta, transparente, razonada y
abierta a ciudadanos y especialistas, que permita conocer a profundidad los
perfiles de los candidatos.
El texto, subido a la plataforma www.change.org, advierte
que “Hasta el nombramiento de Eduardo Medina Mora, la Corte había logrado
colocarse como un órgano despolitizado y por tanto independiente de los otros
poderes de la Unión. La integración de la Corte a través de la repartición de
cuotas partidistas dañaría de manera irreversible (su) legitimidad y, por
tanto, su capacidad de resolver —por la vía legal— los conflictos sociales del
país”.
También se pronuncia por la paridad de género: “Nos parece
inaceptable que, habiendo muchas juristas competentes en este país, se reduzca
la participación de mujeres en el Pleno de la Corte. La pluralidad es una de
las virtudes de los órganos colegiados. En un país que ha hecho un esfuerzo
enorme por remontar la inequidad de género, sería un retroceso perder la
oportunidad de ensanchar la participación femenina en la Corte. Pedimos al presidente
la inclusión de mujeres en las ternas”.
Los ministros Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza han
sido pilares de una SCJN caracterizada por impulsar la defensa y ampliación de
los derechos humanos, han mantenido una línea liberal, democrática, fuera de
dogmas e interpretaciones letristas de la Constitución.
Por ello, sus relevos deben estar a la altura y ni el
presidente, ni los partidos, ni el Senado pueden caer en la tentación de
politizar los nombramientos, lo que a la larga provocaría que la Corte —una de
las pocas instituciones que cuentan todavía con credibilidad ante la ciudadanía—,
se sumiera en el desprestigio.
Así que me sumo al llamado de una Corte sin cuotas ni
cuates.