SAN LUIS POTOSÍ, SLP.— El exgobernador Fernando Toranzo está convencido de que su mandato fue impecable; que evitó el colapso financiero provocado por su antecesor, el panista Marcelo de los Santos Fraga. Cualquier evaluación hecha al estado, la refuta. Lo cierto es que San Luis Potosí, la entidad que gobernó, encabeza el cuadro de las entidades más corruptas de México, con mayor atraso educativo, altos índices de pobreza y desarrollo social.
La evaluación no sólo se queda en el ámbito institucional. La sociedad califica su mandato no sólo como corrupto, sino ineficaz. Tanto así que, en una primera oportunidad, el arzobispo Jesús Carlos Cabrero volteó hacia Juan Manuel Carreras, el gobernador entrante, y le espetó sin rodeos: “No rodearse de gente corrupta”.
San Luis Potosí se estremeció con esa intromisión inesperada del religioso. Toranzo, a pesar de sus afanes, salió por la puerta de atrás, en medio de consignas en contra. El arzobispo había recibido la gracia del hoy exmandatario, tras el escándalo de pederastia cometido con veintitrés alumnos de un colegio católico que jamás terminó en los tribunales. Pero ni eso le sirvió para acallar las críticas de la Iglesia.
El discurso de Toranzo está lleno de desenfado. Al menos así se aprecia durante la entrevista que concede a Newsweek en Español.
“Los resultados obtenidos se transmiten para ayudar al siguiente mandatario a tener un mejor desempeño y, ante todo, privilegiar el bienestar de los potosinos. Sin lugar a dudas, Juan Manuel Carreras superará los logros alcanzados este sexenio”, dice convencido.
Toranzo, de corbata y saco color olivo, luce más delgado cuando encorva su cuerpo y deja ver un aumento inusitado de los ojos a través de los gruesos cristales de sus lentes. Es un tipo perseguido por escándalos de corrupción pocas veces vistos en un país inundado de actos de corrupción. Quizá por eso se siente cobijado, un político de su tiempo.
“La transición gubernamental no es más que la entrega de la estafeta. Los resultados obtenidos se transmiten para ayudar al siguiente mandatario a tener un mejor desempeño y, ante todo, privilegiar el bienestar de los potosinos”, expresa.
Con ese mismo desprendimiento de la responsabilidad, ordenó inhabilitar por veinte años del servicio público a su antecesor, Marcelo de los Santos, y ya en su despedida le siguió recordando que provocó la crisis de su sexenio hipotecando el futuro de los potosinos por las siguientes dos administraciones, con una erogación de 16 000 millones de pesos.
“Ya debemos menos, son seis años de veinte, pero se avanzó. El clima de inseguridad se mejoró, recibimos un estado en manos del hampa, con eventos dolorosos, daba miedo salir a las calles. Disminuimos en 65 por ciento la incidencia delictiva, no estamos en un paraíso, pero no es de la magnitud que teníamos al inicio de mi administración”, acota, displicente.
“Trabajé fuerte por crear más empleo. Desafortunadamente, lo creamos más que nada en la zona metropolitana. En algunos casos, en poblaciones como Salinas, Ciudad Valles o Matehuala, pero en el resto de municipios no”.
Sobre la deuda pública, Toranzo asegura que su gobierno entregó finanzas en mejores condiciones a las que tuvo cuando asumió la administración en septiembre de 2009. “Las recibimos pidiendo dinero para nómina y aguinaldos, sin recursos; ahora el gobierno queda con una deuda menor, no tendrá problemas para los compromisos laborales de fin de año. Dejo un pasivo acumulado de 4000 millones de pesos, pero no quiere decir que se haya gastado mal”.
LAS PROMESAS DE CARRERAS
El priista Juan Manuel Carreras López se muestra implacable cuando aborda los temas que agobian a San Luis Potosí, un estado que su antecesor dejó en el primer lugar de percepción de corrupción, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental.
Asegura que su experiencia en la administración pública como secretario de Programación y Presupuesto del estado de 1991 a 1993, secretario de Educación, diputado federal en la VII legislatura, y el estudio de la situación político-social-económica que ha hecho, le refiere que una de las principales demandas de la ciudadanía es contar con un sistema de rendición de cuentas sólido y de combate a la corrupción.
“Seré inflexible frente a toda forma de corrupción”, asegura. “Mi único compromiso es con la legalidad. Cada uno de mis colaboradores deberá demostrar su capacidad para hacer frente a la encomienda”.
El gobernador, de 53 años, nacido en la capital estatal, atiende los señalamientos de corrupción que se imputan al gobierno y afirma que el ataque será frontal incluso dentro de los cuerpos policiales y la Procuraduría de Justicia.
“Implementaremos inmediatamente el cumplimiento de las disposiciones previstas en el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Crearemos la Fiscalía Especializada en el combate a la corrupción y nuevos esquemas de sanciones a servidores públicos que cometan actos de corrupción. Sobre esto no habrá privilegios para nadie.
“Implementaremos —agrega— un sistema de quejas y denuncias para promover la participación de la sociedad en la investigación y combate a la corrupción. Será una obligación para servidores públicos presentar declaración patrimonial y de conflicto de interés, además de fortalecer las facultades de los órganos fiscalizadores y endurecer las sanciones para quienes hagan uso indebido de recursos públicos. Es necesario garantizar la seguridad, la gobernabilidad, la educación y las oportunidades reales para poder vencer las deficiencias que tenemos en materia de pobreza”.
Al respecto, los indicadores del Semáforo Económico México ¿Cómo vamos? dictan que San Luis Potosí creció 4.1 por ciento en promedio anual, lo que lo posicionó como el octavo estado de mayor crecimiento y generó 16 000 empleos anuales. Sin embargo, no fue capaz de incorporar al 45 por ciento de los jóvenes del estado a un empleo formal cuando intentaron ingresar a la población económicamente activa.
Carreras debe hacer frente también a la pobreza laboral heredada por su antecesor que, durante su gestión, pasó del 48.1 al 51.4 por ciento.
La pobreza potosina es 8.5 puntos mayor que el indicador nacional, ubicándose como el segundo estado con mayor pobreza laboral entre los nueve estados en los que hubo elecciones gubernamentales el pasado 7 de junio. Debajo se encuentra únicamente Guerrero, que tiene el 61.8 por ciento.
Ante tal panorama, el nuevo Ejecutivo estatal se muestra sereno. Es esquivo con los temas que involucran a su antecesor. Al escuchar los señalamientos en contra de Toranzo, sobre todo los de Acción Nacional, afirma que existen esfuerzos del exgobernador que deben tener continuidad, como si ello lo eximiera de responsabilidades.
El gobernador prefiere ir a lo suyo. Al discurso.
“San Luis Potosí será un estado próspero, se impulsará la economía con apoyos a la actividad industrial, además de los sectores que soportan el desarrollo social como el comercio, la agricultura, ganadería, turismo, vivienda, ciencia y tecnología, áreas que sin duda generan una economía moderna y dinámica. El objetivo es crear más de 16 000 empleos anuales”, dice.
El número de empleos que se propone crear Carreras no es una meta extraordinaria, Toranzo lo ha logrado. La única vez que fracasó en ello fue durante el primer trimestre de 2015, que debió haber terminado con un índice de 6300 y se quedó en 1010, de acuerdo al comparativo de la plataforma México ¿Cómo vamos?
El problema que se observa para alcanzar esta meta es generar empleos en las cuatro regiones en que se ha divido al estado en cuestión de presupuestos, según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la recién renovada Cámara de Diputados.
Durante la gestión de Toranzo, la creación del empleo se centró en la capital y tres poblaciones más, para lo cual el presupuesto de 2016 deberá ser superior a los 40 000 millones de pesos ejercidos en 2014. El punto es que el Congreso sólo autorizó para este año 37 516 millones 389 805 pesos.
Carreras se esmera en propósitos: “Se crearán más de 20 000 espacios para educación media superior y superior, ya que muchos jóvenes potosinos no tienen acceso a estos niveles de educación, actualmente”.
En 2015 se utilizaron para ello 48 millones 651 334 pesos. Sin embargo, de acuerdo con la política de ajustes de la Federación, a este rubro se habrán de recortar más de 3000 millones.
Todos caben en el entusiasmo del gobernador: los grupos de migrantes, personas de edad avanzada, madres solteras y jóvenes recién egresados de las universidades recibirán apoyos para mejorar su calidad de vida.
“Un tema que está lastimando a nuestro país y, sobre todo, a nuestro estado es la seguridad”, dice también. “Necesitamos un sistema de seguridad que no permita la infiltración del crimen organizado en nuestro estado”.
Así, el gobernador entrante se hace a la mar de promesas.
FINANZAS PÚBLICAS: UNA CAJA OSCURA
Mientras Fernando Toranzo afirma que deja un estado en crecimiento, sus detractores le achacan altos niveles de corrupción, empleos mal pagados, feminicidios, impunidad, opacidad financiera, nepotismo, desatención del campo y presuntos abusos de poder vinculados a su familia.
Héctor Mendizábal, exsenador de la república, dirigente del Partido Acción Nacional, y ahora diputado, señala, basado en el estudio del INEGI que ubica a San Luis Potosí como la entidad más corrupta, que “los potosinos merecen conocer en qué se ejercieron los recursos, ya que recibió el mayor presupuesto de la historia y no se ve reflejado por ningún lado”.
Lo mismo cree el empresario Jalil Chalita Zarur. Dice que la administración de Toranzo ha sido una de las peores que se recuerden. “La gente nunca se sintió representada por este gobierno”, sentencia.
Chalita asegura que el exgobernador extendió “patente de corso” a quienes saquearon el erario, erigió una caja oscura para las finanzas públicas, contrató casi una centena de ayudantes y colmó de poder a su esposa y a dos cercanos colaboradores.
Roger Errejón Alaniz, vicepresidente de la organización civil Parlamento Ciudadano, capítulo San Luis Potosí, señala lo siguiente: “Al escuchar cada uno de los rubros del informe de Fernando Toranzo, encontramos cifras alentadoras pero que no coinciden en lo social, económico y político, por lo que como organización reprobamos la gestión de Toranzo”.
En septiembre de 2013, Toranzo fue expuesto tras haber utilizado el avión oficial de gobierno para gozar de vacaciones, mientras su esposa, María Luisa Ramos, utilizaba la nave para viajes personales. Por algo similar, David Korenfeld, extitular de la Conagua, tuvo que renunciar.
Pero Toranzo es inmutable. Sobre ello dijo: “Soy humano y tengo derecho a descansar”.
De 2010 a 2013 existen 139 registros de salidas y destinos de vuelos realizados por el avión oficial del gobierno de San Luis Potosí. Veintitrés de los despegues y aterrizajes son a un destino frecuente: el aeropuerto internacional Playa de Oro, de Manzanillo, Colima. Vuelos realizados —de acuerdo con las bitácoras— en puentes vacacionales y fines de semana.
Hay más documentado en contra del exgobernador.
En 2013, por ejemplo, el gobierno de Toranzo contrató con recursos federales a un abarrotero, una empresa que vende aparatos eléctricos, una agencia de publicidad, una editorial, una compañía especializada en venta de telas y una ferretera para que le ofrecieran “servicios de consultoría especializada en seguridad”. Se pagaron 20 millones de pesos provenientes del Programa Nacional de Prevención del Delito, en el rubro “servicios de consultoría especializada”, solicitados por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).
En 2014, investigaciones de autoridades estadounidenses señalaron que, a través de la Dirección General de Pensiones a cargo de Oziel Yudiche Lara, fundador de una empresa “fachada” en Miami, operaban dos presuntos lavadores de dinero del Cártel de Sinaloa.
Yudiche Lara habría puesto a disposición de esta red de lavado de dinero los fondos de los trabajadores del estado, de los Maestros y del Fondo Contingente. Francisca Reséndiz Lara, secretaria general del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras del Estado (SITTGE), indicó entonces que no había manera de que Oziel Yudiche utilizara los fondos de las pensiones sin el visto bueno de Toranzo.
Martín Toranzo, hermano del gobernador, demandó en octubre por presunta extorsión ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a Roberto Naif Kuri, coordinador general de comunicación social del gobierno, manifestando que Naif le exigió el pago de un millón de pesos a cambio de no generar “un escándalo mediático” ante un caso de corrupción en el que se encontraba involucrado.
El coordinador de comunicación social habría acusado, por su parte, a Martín Toranzo de recibir el 10 por ciento de un contrato de obra con valor de 29 millones de pesos con la empresa “Tekno Dream”, para que esta obtuviera un contrato de la Comisión Estatal del Agua (CEA).
El escándalo en el que se vio involucrado su hermano en 2014 pasó de largo para el exgobernador Fernando Toranzo. No le mereció declaración alguna. Meses después, comprometió al gobierno potosino a comprar más de quinientas hectáreas de terrenos de parque industrial y ejidales; construir carreteras, calles y puentes peatonales de acceso a la armadora de autos BMW y entregarle a la firma una vía ferroviaria para sacar su producción, exentarla de impuestos municipales y estatales e incluso pagar la renta de oficinas temporales hasta por 36 meses.
Su administración argumenta que se “cubrió” con una “cláusula exigente”, en el sentido de que si en un plazo de diez años y seis meses BMW no cumple con la generación de 1500 empleos, la firma compensará al estado con 50 000 dólares. Tiempo al tiempo.
Por lo pronto, Toranzo se va del gobierno sin visos de preocupación alguna.