CD. GUATEMALA, Guatemala.— Otto Pérez Molina estaba sentado en la orilla de la mesa, en el punto más cercano a la tribuna, a mano derecha del juez que seis horas después le dictaría prisión preventiva. El expresidente de Guatemala lucía sereno y cansado. El traje impecable y el cuerpo firme. El general retirado jamás imaginó que en una región donde los golpes de Estado eran la única forma de deponer a un presidente democrático, él sería el primer gobernante guatemalteco en funciones en perder la inmunidad y en ser juzgado por un tribunal civil.
Al escuchar la lectura de la evidencia que el juez usó en su razonamiento, y que está basado en conversaciones telefónicas intervenidas, el rostro de Pérez Molina iba del hartazgo a la incredulidad. De vez en cuando garabateaba algo, lo subrayaba o lo borraba. Al final, en un descuido, dejó ver la hoja de papel doblada por la mitad que sostenía entre los dedos arrugados. En ella mostraba los tres ejes de su defensa: “Soy inocente, no robé, no entendí por qué me ligaron”. La justicia guatemalteca será la que sancione los dos primeros; respecto a si entiende o no, lo más seguro es que nunca lo acepte.
El mundo está sorprendido. En México y Centroamérica ya hay movimientos sociales que piden la instauración en sus países de una Comisión Internacional Contra la Impunidad como la de Guatemala (CICIG). Dicha instancia fue la que inició las investigaciones que descubrieron la red de defraudación fiscal conocida como “La Línea”. La que a su vez fue presentada por el Ministerio Público e involucra a por lo menos cuarenta personas, que van desde funcionarios aduanales del más bajo rango hasta los de más alto nivel. Incluido Juan Carlos Monzón Rojas —hoy prófugo—, secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti, quien al final también fue implicada y se encuentra bajo prisión preventiva.
Según explica a Newsweek en Español el fiscal encargado del caso, Juan Francisco Sandoval, la CICIG fue la que inició las investigaciones, pero no tiene la capacidad de ser querellante al ser un organismo supranacional. Por ello es el Ministerio Público el que debe presentar las denuncias, mientras que la CICIG apoya. En el pasado habían logrado juntos atacar problemas de extorsión y secuestro. De hecho, convirtieron en tradición las pesquisas de los jueves a las seis de la mañana —la ley impide realizar operativos y allanamientos de noche—. Tanto que en Twitter se puede seguir la historia de su colaboración con el hashtag #JuevesDeCicig.
En el caso de “La Línea”, descubrieron una red de defraudación fiscal y aduanera donde operaban funcionarios públicos de diversos niveles. El procedimiento era sencillo, las empresas importadoras entregaban un soborno para que lo que ingresaban al país fuese registrado como un producto diferente, sujeto a un gravamen menor.
Esa estructura criminal, asegura José Rubén Zamora, dueño del diario El Periódico, opera en Guatemala desde 1982, año en que Inteligencia Militar tomó el control de las aduanas para evitar la entrada de armas y explosivos para la guerrilla. Ahí descubrieron un negocio que les ha permitido construir una estructura paralela del poder, que el periodista ha investigado personalmente y denunciado desde 1989. Su trabajo le ha costado agresiones contra él y su familia, un par de vértebras rotas, golpizas, 163 causas penales, el estrangulamiento financiero de la empresa, de la cual ha tenido que despedir a 107 reporteros por falta de recursos. Sin embargo, se dice satisfecho al ver que la investigación actual le está dando la razón, “llegué a creer que estaba loco”, me confiesa.
La investigación sobre “La Línea” llegó hasta el titular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), quien en las grabaciones producto de la intervención telefónica refería tener superiores, hablaba del “número uno” o del “mero, mero”.
“Cuando él se refiere a que hay gente por arriba de él, quedaban muy pocas opciones y una era el presidente”, cuenta el fiscal. Había elementos ya no tanto jurídicos, sino políticos. Había temor y eso despertó mucha prudencia de cómo se iba a implementar cuando ya se tuvieran todos los elementos para la detención.” Si bien en Guatemala el MP es autónomo, se requiere el apoyo de las autoridades de gobernación, y ese ministerio depende directamente del presidente, sin contar que su titular, Mauricio López Bonilla, fue señalado en algunas notas periodísticas como objeto de investigación de la CICIG.
LA COMISIÓN INCÓMODA
Desde el 2014, tanto Roxana Baldetti como Otto Pérez se manifestaron públicamente por terminar con el acuerdo que permite el funcionamiento de la CICIG. Sorpresivamente, en abril de 2015, el entonces presidente guatemalteco solicitó a la Secretaría de las Naciones Unidas la extensión del mandato de la CICIG por dos años más.
La foto del evento es muy elocuente, el comisionado del órgano internacional, el colombiano Iván Velázquez, sonríe con socarronería, viste traje negro y corbata roja que los especialistas en imagen aseguran denota poder y mando; Otto Pérez ni siquiera lo ve, le da la mano con desgano y casi a punto de voltearse, la mirada baja, los labios apretados, el cuerpo encorvado, viste impecable, como siempre, como lo hará meses después en el juicio: traje gris y corbata azul. El resto del gabinete, ahí presente, pareciera que acude a un funeral, muecas de disgusto o tristeza pueblan esa foto, Baldetti luce ajena, cavilante, para entonces ya intuye su futuro, su caída estaba cerca.
De acuerdo con una investigación del periódico digital Plaza Pública, el gobierno del exgeneral tenía todo preparado para —de acuerdo con un peritaje— pedir la extinción del mandato. Sin embargo, los resultados de las primeras investigaciones que implicaron al particular de la vicepresidenta obligó al gobierno a negociar la permanencia de la CICIG a cambio de que no se persiguiera a Baldetti, ni a López Bonilla, ni a Otto Pérez. En el mismo texto los implicados niegan dicho acuerdo, que de haber existido terminó por romperse.
La CICIG se creó con base en el acuerdo firmado entre la ONU y el gobierno de Guatemala (a petición de este último), el 12 de diciembre de 2006; fue ratificado por el Congreso de Guatemala el 1 de agosto de 2007 y entró en vigor el 4 de septiembre de ese año. A la par de ese suceso se crea, entre 2006 y 2007, la ley contra el crimen organizado, donde si bien no se incluye el delito de corrupción, sí el de contrabando aduanero que sería una pieza clave para el juicio que se le sigue a “La Línea”.
Luego, para 2010, Claudia Paz y Paz al frente del MP y el español Carlos Castresana como comisionado de la CICIG, lograron que el Congreso aprobara las escuchas telefónicas como herramienta de investigación, así como la utilización de colaboradores eficaces —figura homóloga al testigo protegido—, las cuales en este juicio en particular fueron el sustento. Ya para 2012 el Congreso aprobó la ley contra la corrupción, con lo que se complementa el entramado jurídico con el cual se llegó a la encarcelación de la primera plana del gobierno.
Para Javier Monterroso, exsecretario privado del fiscal general, Claudia Paz y Paz —hoy integrante del grupo de expertos de la CIDH, que investiga el caso de Ayotzinapa en México—, este conjunto de leyes, entre otras no menos importantes, servirían de nada sin un comisionado con la personalidad y perfil de Iván Velázquez. Como ejemplo pone al abogado costarricense Francisco Dall’Anese, segundo comisionado de la CICIG, con quien Monterroso trabajó de cerca y a quien acusa de haberse acercado demasiado a la élite y a la clase política del país. Visión que comparten analistas y periodistas.
Por su parte, Juan Francisco Sandoval apunta que si bien la función de la CICIG fue indispensable para llevar este caso, también lo fueron las decisiones de la actual fiscal Thelma Aldana, quien ordenó seguir adelante con el proceso sin importar a dónde llegaran. Esto sin duda lo tiene claro la población guatemalteca, quien ha convertido en héroes populares tanto a Velázquez como a Aldana. Donde se paran (incluido el Ministerio Público) la gente quiere saludarlos y tomarse la selfie con ellos, son unas celebridades en las que una nación ha depositado sus esperanzas para que se acabe con dos de los principales males del país: la corrupción y la impunidad.
EL PUEBLO A LAS CALLES
El 27 de agosto, Otto Pérez Molina, todavía como presidente de la república, observaba el paro nacional en el Centro de Monitoreo de la Secretaría de Gobernación. Más temprano por la mañana mandó una carta al Radiodifusoras Unidas que decía: “Enfrentaré lo que sea necesario y lo que la ley mande, incluso el antejuicio que hoy se discute en el Congreso.” Y es que a la par de que la gente había salido a las calles para pedir su renuncia, en el Congreso guatemalteco se votó para retirarle al mandatario la inmunidad que le daba su cargo y que impedía que se le investigara.
“La presión social y mediática nos ayudó mucho —dice a Newsweek en Español Juan Francisco Sandoval—. Nosotros estábamos henchidos de emoción y los compañeros de la fiscalía hubieran querido salir a manifestarse, pero no podían para que no se interpretara como una acción política.”
Esa misma presión llevó al presidente a presentar su renuncia y entregarse a las autoridades. Pero, a decir de Monterroso, también fue la que impidió que Thelma Aldana se echara para atrás y archivara el expediente; el riesgo político era mayor dada la efervescencia popular y el carácter de Iván Velázquez, quien podría generar un nuevo escándalo si eso sucedía. No obstante, el fiscal Sandoval reconoce que si bien hubo momentos tensos por lo trascendente del caso, siempre existió el acompañamiento y respaldo de la comunidad internacional materializado en la CICIG.
En ese sentido, los especialistas consultados, los opinadores de la tele, los periodistas en los bares y aun dos o tres taxistas concuerdan que si bien la presión popular fue un factor decisivo, desde que inició en el mes de abril y que llevó a la renuncia de Roxana Baldetti en primera instancia, detrás existieron factores políticos, jurídicos e incluso históricos; como lo fueron el juicio al expresidente Alfonso Portillo —quien pidió la creación de la CICIG a Naciones Unidas—, el exministro de la Defensa, Eduardo Arévalo Lacs, y el extitular del Ministerio de Finanzas, Manuel Hiram Maza Castellanos, acusados de desviar 120 millones de quetzales del Ministerio de la Defensa Nacional, en el 2001. O bien el trabajo hecho por la Fiscal Paz y Paz, que llevó a juicio al expresidente Efraín Ríos Montt por su responsabilidad por el genocidio del pueblo maya ixil.
MÉXICO Y HONDURAS QUIEREN SU COMISIÓN
Desde mediados de 2015 Honduras y El Salvador han mantenido pláticas para estudiar la posibilidad de ampliar el mandato de la CICIG hacia sus países o bien crean una instancia ad hoc para cada uno de ellos. Algo que Iván Velázquez en entrevista con AFP calificó de viable y aclaró que existe una prevención infundada acerca de la injerencia extranjera. De hecho, en la única entrevista que Otto Pérez concedió luego de su encarcelación, dijo que su salida del poder se debió a una “injerencia de Estados Unidos” vía la CICIG.
Pero de acuerdo con el mandato de la Comisión y lo explicado por el fiscal, la CICIG no puede realizar capturas, solicitar allanamientos ni intercepciones telefónicas, toda vez que la ley en Guatemala es clara respecto a que esas son atribuciones exclusivas del MP.
Cada #JuevesDeCicig los periodistas eran convocados a las 13 horas para aclarar detalles sobre capturas o avances en la investigación. En la mesa, Velásquez acompañaba a la fiscal Aldana y a Sandoval, de quienes, decía, eran el apoyo importante para la investigación. Velásquez hacía hincapié en el acompañamiento que daba la CICIG sin reclamar protagonismo.
En México, un grupo de activistas, entre los que se encuentran el sacerdote Juan Manuel Solalinde y el promotor de Acciones Colectivas Daniel Gershenson, ya se están movilizando para buscar una comisión similar a la guatemalteca para México. Gershenson explica que se trata de convertir el tema en un asunto de discusión pública, crear foros y conversar con diversos sectores que ayuden a empujar las reformas necesarias.
“Estamos convencidos de que no es algo que vaya a suceder en lo inmediato, quizá nos tome uno o dos sexenios”, señala Gershenson.
Consultados al respecto, tanto Monterroso como Sandoval coinciden en que un gran impedimento para instaurar una comisión contra la impunidad en México es el nacionalismo de aquel país. “Los mexicanos son muy celosos de la injerencia extranjera”, asegura Monterroso. Mientras, Sandoval señala que uno de los principales impedimentos institucionales radica en que el procurador general de la república forma parte del gabinete y, por tanto, depende de manera directa del presidente de la república.
En Guatemala, esa independencia de la fiscalía está casi resuelta. Una comisión de rectores de universidades de derecho y presidentes de colegios de abogados le presentan al presidente una lista con seis candidatos y él escoge uno. La deficiencia radica en que el presidente puede remover al fiscal sin consultarlo con nadie. A ese respecto existen iniciativas y proyectos legales para impedir que esto suceda y así asegurar que no existan presiones externas al juzgador ni se ponga en entredicho sus investigaciones. Como sucedió en México en el caso de Virgilio Andrade y su investigación sobre el posible conflicto de intereses en el caso de la llamada “Casa Blanca” del presidente Enrique Peña Nieto, la cual, como se recordará, fue vendida por uno de las principales empresas receptora de obra pública en el país.
Pero en Guatemala hay a quienes estas reformas no les parecen tan buenas, entre ellos Otto Pérez Molina. Al finalizar la audiencia donde se le negó seguir el proceso en libertad, no tanto por el riesgo de fuga, sino por el de obstrucción de la justicia, Pérez Molina se dijo defraudado por el sistema judicial. Seguramente el general retirado prefiere aquellas épocas en las que él y otros militares simplemente depusieron al presidente Jorge Antonio Serrano Elías, cuando este, en 1992, cerró el Congreso de la República y mandó a sus casas a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ese, por cierto, fue el último golpe de Estado en Guatemala.