COCULA, Guerrero.—Los policías de Iguala llevaron a los estudiantes secuestrados, la noche del 26 de septiembre de 2014, a la comandancia municipal. Sobre el circuito Periférico Norte, a 355 metros de la esquina con Juan N. Álvarez —en la que atacaron los autobuses de los estudiantes— pasaron bajo la primera cámara de seguridad, la cual se ubica en la intersección con la calle Andrés Quintana Roo. La siguiente se localiza a 438 metros, sobre el único puente vehicular del circuito, donde los agentes dieron vuelta a la derecha con su carga, para tomar la carretera federal Iguala-Taxco.
Por esa vía avanzaron 834 metros hasta llegar a Izancanac, una calle tan pequeña que parece un callejón y quien no la vea y pase de largo, tendrá que avanzar hasta la barda que protege la zona militar de los batallones de infantería 27 y 41, media cuadra más adelante, y dar una vuelta en “u” frente a la vista de los soldados. Los cuarteles del Ejército Mexicano están tan cerca, que de la entrada del 41 a la comandancia se hacen siete minutos a pie.
La puerta de la Policía Municipal está controlada por una cámara, bajo cuyo alcance de visión están tanto el interior como el exterior del recinto. Si los agentes y sus víctimas estuvieron ahí, debe haber quedado registro de ello. Después los llevaron de regreso por la misma ruta, bajo las cámaras del puente y de Quintana Roo, y también de las que hay más allá de Juan N. Álvarez: la de la calle Karina y Periférico Norte, y la de la glorieta de la salida a Teloloapan, donde se erige la estatua de Vicente Guerrero y su frase histórica: “La patria es primero”.
“Lo he dicho varias veces”, aseveró el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam: la investigación de los crímenes del 26 y 27 de septiembre en Iguala “es, por lo menos, la más grande que se haya hecho”. Así lo declaró en una entrevista en el programa Todo personal,en Proyecto 40, el 11 de diciembre de 2014. Once minutos después, añadió: “Relatamos todo el tránsito (del traslado de los secuestrados) porque incluso sabemos por dónde, hay una cámara, la única que encontramos en Iguala, que nos enseña el paso de uno de los vehículos, una camioneta, con detenidos”.
No explicó entonces, ni lo hizo la PGR en ninguno de sus reportes de investigación, por qué su cámara sólo registró ese vehículo, que aparentemente lleva a cuatro o cinco normalistas, cuando los secuestradores tenían que movilizar a 43 jóvenes, además de a sus propios hombres.
Tampoco han aclarado las autoridades por qué sólo hallaron una cámara en Iguala: ¿y las de la glorieta, de la calle Karina, del puente y de Quintana Roo? Falta también la de la comandancia de la Policía Municipal. Una pieza clave de la versión de la PGR es que algunos de los estudiantes fueron llevados ahí, pero otros testigos aseguran que eso jamás ocurrió: esa cámara confirmaría el argumento —o lo desmentiría— de la Procuraduría.
No sólo le faltan esas cámaras y vehículos a la PGR: el 17 de agosto, el Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI), integrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el concurso del gobierno mexicano, y facultado por este último para contribuir a la investigación, presentó un reporte preliminar en el que denuncia la destrucción del material recogido por otras cámaras: las del Palacio de Justicia de Iguala, desde donde se registró una parte bastante menos conocida de esa noche: el autobús Estrella de Oro 1531, el único que había logrado salir de la ciudad, fue interceptado en la carretera federal a Acapulco, bajo el puente que la conecta con la autopista de cuota a Cuernavaca. En ese punto, otros estudiantes fueron secuestrados. “Según testimonios proporcionados al Grupo”, se explica en el documento del GIEI, “dichos videos existieron y fueron enviados a la presidencia del tribunal”, pero posteriormente “fueron destruidos”.
La PGR no ha dicho qué hizo con esas evidencias ni por qué permitió que las dañaran. Tampoco ha dado una versión de cómo este grupo de víctimas fue trasladado fuera de Iguala, desde la entrada sur, donde los detuvieron, hasta la salida oriente a Teloloapan, pasando bajo las cuatro cámaras que hay sobre Periférico Sur en las intersecciones con la carretera a Acapulco (Revolución y Naciones Unidas, Zapata y Amado Nervo, Pineda —en una colonia curiosamente nombrada Mártires del SNTE—, y la de la glorieta de la estatua de Guerrero).
RECHAZO GENERALIZADO
La “más grande investigación que se haya hecho” en México puede ser también la más revisada y criticada de la historia, por sus omisiones, torpezas y manipulaciones. “Pero esta Procuraduría no inventa, se basa en hechos, y por eso vamos a veces lo que parece despacio, pero que a los investigadores que hemos invitado les ha parecido muy rápida”, aseguró Murillo Karam en aquel programa, sin ser cuestionado por un entrevistador que se mostró satisfecho con lo que le decían, Jorge Fernández Menéndez. Murillo continuó autofelicitándose: “Desde el principio pedimos auxilio; le pedí al procurador de Estados Unidos que nos ayudara con el FBI, mandaron un analista que lo primero que me dijo fue: ‘Oiga, ¡es impresionante la cantidad de información que ya tienen!’”
No fue tan impresionante para los ojos de los padres de los 43 desaparecidos, que nunca han aceptado lo que Murillo Karam quiso consolidar a fuerza de palabras como “verdad histórica”, y que incluso han expresado su indignación porque, aseguraron, las autoridades les ofrecieron dinero a cambio de su apoyo.
Tampoco para grupos internacionales de la sociedad civil, como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Oficina de Washington para América Latina (que no es un organismo gubernamental, sino una ONG), ni para un comité de investigación del Partido de la Revolución Democrática (a cuyas filas pertenecía el exalcalde de Iguala acusado de los crímenes, José Luis Abarca), ni para el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), una entidad con prestigio continental que fue aceptada por la PGR como coadyuvante en la investigación, y que recibió numerosos elogios de las autoridades mexicanas (“son gente seria, tengo muy buena opinión, y yo en lo personal, no es el único caso en el que hemos trabajado y lo han hecho muy bien siempre, con mucho profesionalismo”, afirmó Murillo Karam en entrevista con Carmen Aristegui, el 16 de octubre de 2014), hasta que se rehusó a seguir la línea que le querían marcar.
El 7 de febrero, el EAAF dio a conocer una declaración en la que señala que no puede confirmar que las evidencias que la PGR dijo haber encontrado en el río San Juan Cocula provengan efectivamente de ese sitio, y denunciaron falta de cuidado con escenarios y objetos relacionados con los crímenes, además de obstáculos para realizar su trabajo.
La opinión de las autoridades respecto al EAAF cambió entonces: no son “una autoridad”, replicó la PGR, y añadió que “de atender los argumentos poco sustentados” de ese equipo internacional, formado por especialistas de ocho países, “no se habría podido ejercer acción penal”.
NI LOS PASOS BÁSICOS
El 24 de julio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó el documento “Estado de la investigación del caso Iguala”, en el que analiza críticamente los trabajos relacionados de la PGR. La CNDH creó una Oficina Especial para este asunto, a cargo del segundo en la institución, el visitador general especial, José Larrieta Carrasco.
En entrevista con Newsweek en Español, Larrieta hizo un reconocimiento a los peritos e investigadores que trabajan con la PGR, pero no se refirió de la misma forma a quienes la encabezan. En el informe en el que hace 32 observaciones, destaca que la Procuraduría, a diez meses de los crímenes, ni siquiera había integrado las fichas de identificación de los 43 desaparecidos que, además de los datos generales de la persona a localizar, debe incluir el tipo de sangre, el uso de algún aparato terapéutico, la referencia de intervenciones quirúrgicas, la ficha odontológica, señas particulares, tatuajes, cicatrices, la huella digital… “Es un paso básico”, dice Larrieta con una sonrisa. “Si vas a buscar a alguien… pues primero tienes que saber a quién buscas.”
Tanto los expertos de la CIDH como el reporte de la CNDH coinciden en señalar que la PGR simplemente ignoró y mandó a un almacén dos conjuntos de prendas de vestir que se cree que pertenecían a las víctimas, pues ocho playeras (una de ellas con manchas de sangre) y un pañuelo fueron encontrados a pocos metros del Estrella de Oro 1531, y otros objetos fueron recogidos en el autobús 1568 atacado en Juan N. Álvarez. Estos materiales debieron haber sido analizados para localizar muestras de ADN que pudieran servir para identificar a sus dueños, así como mostrados a los familiares para su reconocimiento.
Igualmente, falta que se entienda bien cómo ocurrieron los eventos, pues lo que la PGR hizo no fueron más que “recreaciones individuales” que, afirma la CNDH, “no reúnen los requisitos legales para estimarlas como una reconstrucción de hechos”.
Murillo Karam quiso establecer su verdad histórica con una “investigación más grande” que ha dejado numerosas piezas sueltas, como investigar la identidad de dos supuestos involucrados que habrían llevado a los secuestrados al rumbo de Pueblo Viejo (y no a Cocula, como sostiene la PGR); verificar el envío posterior de mensajes de texto desde celulares de normalistas; y establecer las condiciones climáticas bajo las que se habría realizado la incineración en el basurero de Cocula que la PGR afirma que fue el destino final de los 43 jóvenes (“la lluvia nadie la puede probar”, le dijo Murillo a Aristegui en la charla referida. “El meteorológico dice chubascos aislados en la región, una región de muchos kilómetros. Chubascos aislados puede que esté lloviendo aquí y tú estés allá y no esté lloviendo”. “Entonces no sabes si llovió o no llovió”, replicó la periodista. Y dijo Murillo: “Nadie puede asegurarlo”).
La CNDH señaló, además, que las hebillas y botones recuperados no han sido mostrados a los familiares para su reconocimiento, que no se han realizado pruebas de balística para saber con qué armas fueron disparadas las balas en el basurero, que de los huesos hallados ahí… ni siquiera se ha establecido si son de humanos o de otra especie animal.
TRANSPORTES DE ALARIDOS
Se señala, además, la opacidad con que se ha tratado el tema de los militares. La CNDH pide que declaren al menos nueve que estuvieron presentes en los hechos de Iguala. Y el Grupo de la CIDH expresa sin ambages su molestia porque las autoridades se negaron a permitirle entrevistar a 26 soldados que estuvieron presentes esa noche.
Después de cuatro meses y medio de demorar la respuesta a la solicitud del Grupo Interdisciplinar, la PGR dijo que sólo autorizaría a los expertos internacionales a estar presentes cuando se tomara declaración a los militares “en el marco del proceso penal”. Francisco Cox, del GIEI, explica que rechazaron el ofrecimiento porque “eso significa que no tenemos control de cómo se responde, de qué se responde, no podemos repreguntar ni podemos pedir que se precisen puntos que vayan saliendo durante la declaración”.
Los señalamientos de estos organismos, sin embargo, no han incluido la extraña ausencia de los videos de tres de las cuatro cámaras de vigilancia del ayuntamiento en la supuesta ruta tomada por los secuestradores de los estudiantes capturados en Juan N. Álvarez, ni las cuatro que hay en el camino de los atrapados frente al Palacio de Justicia, en el supuesto de que también los hubieran llevado, como se desprende de la “verdad histórica” de Murillo Karam, con rumbo a Cocula.
No han mencionado que resulta poco convincente que la PGR se dé por satisfecha con unos instantes de grabación en los que sólo aparece una camioneta con cuatro o cinco detenidos: ¿por qué no fue registrado el movimiento de los ocho vehículos —más o menos— necesarios para trasladar a los restantes 38?
Ese video, según la PGR, corresponde al “puente del Periférico”… pero no se ve ningún puente. Por las líneas rectas y el nivel plano del boulevard, lo más probable es que se trate de la cámara de Quintana Roo y Periférico Norte.
También les falta tomar en cuenta la carencia de un amplio número de testigos del transporte de los detenidos, que debió haberse producido entre las 22:00 y las 23:30 horas de una noche de viernes. Entre los militares, que usan regularmente el Periférico Norte para llegar a sus cuarteles, y casi frente a cuyas puertas habrían pasado los policías con sus secuestrados, rumbo a la comandancia municipal, ¿no hay nadie que haya visto algo raro? ¿Y los empleados y usuarios de las gasolineras abiertas veinticuatro horas de Periférico Norte y Ferrocarril Norte, de Periférico Poniente y Hermenegildo Galeana, y de la salida a Teloloapan? ¿Y los de las dos de las esquinas de Periférico Sur con la carretera federal a Acapulco y con Benito Juárez, por donde deberían haber pasado los que venían del Palacio de Justicia?
Cuando Newsweek en Español realizó varias veces el recorrido el sábado 15 y el domingo 16 de agosto, buscó lo que Murillo Karam describió en Proyecto 40 como el “punto de reunión en Lomas de Coyotes, o algo así se llama el lugar en donde los entregan a los delincuentes”. La falta de precisión del exprocurador y del informe de la PGR hace pensar en un lugar solitario y oscuro, y así fue descrito por periodistas que no fueron al lugar: como un “paraje” en el que parece fácil aceptar que nadie habría visto que ahí llegaban camionetas de la Policía con 43 jóvenes detenidos y que los bajaban para que sicarios conocidos los subieran a una camioneta pequeña y a un camión de tres y media toneladas… o más bien, los amontonaran. Eso no podría ocurrir en silencio. Y se trata, en realidad, de la colonia Loma de Coyotes, un sitio urbanizado, frente a un balneario con juegos acuáticos como toboganes, con calles y viviendas. Faltan los testigos.
Como también debería haberlos en la ruta que tomaron después, rumbo al pueblo de Cocula. Son dieciséis kilómetros en los que en el camión habría transportado, apilados como troncos, a 38 jóvenes que se estaban aplastando unos a otros. Los de abajo estaban muriendo sofocados, según la versión oficial. Los de en medio se sentían morir bajo el peso de los de arriba, y escuchaban morir a sus compañeros. Los de arriba deben haber sido atrapados por la desesperación de estar matando a los suyos. ¿Y los gritos?
El camino a Cocula no está abandonado. Tras dejar la carretera Iguala-Teloloapan, lo primero que uno encuentra es el pueblo de Metlapa, atravesado por la ruta. A dos kilómetros hay otro caserío; uno más a ochocientos metros; mil novecientos metros más adelante se encuentra Mextitlán, y tras otros setecientos metros se llega a Tomás Gómez. Después, se tiene que pasar por debajo de los arcos donde inicia el boulevard de la entrada a Cocula, justo donde hay otra gasolinera que da servicio hasta las once de la noche.
Y ya en el pueblo, es imposible no ser visto por muchos habitantes, que en viernes por la noche, si no están en la calle, por lo menos se asomarían a las ventanas ante el insólito espectáculo del paso de dos transportes que emiten alaridos de muerte.
Son seis kilómetros desde donde empieza el pueblo hasta las últimas casas, en el camino de terracería que conduce al basurero donde la PGR dice que quemaron a los muchachos. Seis mil metros. Y se tiene que cruzar por el centro: por la bella plaza de la que se recorren dos costados porque ahí se da vuelta a la izquierda, y junto a la iglesia principal.
Pero faltan los testigos. Muchos.