En Hidalgo 4 mil 415 policías municipales y estatales han reprobado, desde 2010, las pruebas de control de confianza, al no presentar justificación de su desarrollo patrimonial , ni ausencia de alcoholismo y de sustancias psicotrópicas o estupefacientes, así como de vínculos con organizaciones delictivas.
La entidad ocupa la novena posición a nivel nacional respecto al mayor número de agentes reprobados y, por lo tanto, considerados no aptos para el cumplimiento de su función.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) reveló, a través de una solicitud de acceso a la información con folio 2210300045115, que en todo el país 106 mil 414 elementos de los cuerpos de seguridad han reprobado los controles de confianza, que incluyen pruebas de antidoping, socioeconómicas, psicológicas, médicas y el polígrafo, desde que la prueba comenzó a aplicarse, en 2010.
Veracruz, el Distrito Federal y Puebla son las entidades con más policías que han fallado en estos exámenes periódicos para comprobar el cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos, socioeconómicos y médicos, con 12 mil 738, 9 mil 215 y 6 mil 722, respectivamente, quienes por ley debieron ser dados de baja o, en su caso, reubicados al no ser considerados aptos para la labor policial.
Con más reprobados que Hidalgo está Jalisco, con 6 mil 79; Sinaloa, con 5 mil 903; Sonora, con 5 mil 131; Nuevo León, con 4 mil 984, y Estado de México, con 4 mil 455.
De acuerdo con el reporte, elaborado por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación del SNSP, Tabasco ocupa el décimo lugar nacional, con tres mil 843 agentes que fallaron en las pruebas de control de confianza; en cambio, Aguascalientes, Querétaro y Campeche fueron los estados con menor número de policías con calificaciones no aprobatorias, con 520, 448 y 109.
El informe del Secretariado Ejecutivo —organismo encargado de recopilar la información enviada por los gobiernos estatales— no detalla si los elementos no aprobados fueron despedidos o reubicados, ya que es una obligación legal para los Ejecutivos estatales y municipales.
“Por tratarse de personal de las instituciones de seguridad pública, corresponde a las mismas iniciar las acciones correspondientes (bajas o cambios) y su seguimiento”, indicó el documento.
La evaluación tiene una vigencia de dos años, periodo tras el cual se debe renovar.