Horas antes del amanecer del 28 de mayo de
2014, un comando SWAT irrumpió en una casa a una hora de distancia de Atlanta,
hacia el noreste. Buscaban a Wanis Thonetheva debido a que un informante de la
policía declaró que el hombre le había vendido metanfetaminas unas horas antes.
No estaba allí, pero dentro se encontraba su tío, Bounkham Phonesavanh; afuera
estaba su tía, Alecia Phonesavanh; y el hijo de ambos de diecinueve meses,
Bounkham Jr., a quien llaman Bou Bou.
El oficial Charles Long anunció la llegada
del equipo tirando una granada aturdidora por la puerta principal. Estas
granadas están diseñadas para desorientar, pero no para matar. Emiten más de
doce millones de lúmenes de luz, suficientes para cegar a cualquier persona que
se encuentre a una distancia de unos tres metros durante un lapso máximo de
cinco segundos. Su estallido produce aproximadamente ciento ochenta decibeles
de sonido (el oído humano comienza a doler con ciento veinticinco; el tejido
comienza a morir con ciento ochenta).
La granada tocó tierra en la cuna de Bou
Bou.
El bebé fue llevado al hospital Grady
Memorial en Atlanta, donde los galenos indujeron un coma médico. “La pared de
su pecho se desgarró hasta el músculo”, declaró a 20/20de ABC
Newsel Dr. Walter Ingram, director de la unidad de traumatismos por
quemaduras. “Y la granada desgarró su rostro hasta el hueso; sus dientes
quedaron al descubierto.”
El verano pasado, manifestantes en Ferguson,
Misuri, que protestaban contra la muerte de un sospechoso desarmado que fue
tiroteado por un oficial de policía, fueron enfrentados por policías que
viajaban a bordo de vehículos blindados que disparaban gas lacrimógeno con
lanzagranadas, mientras la policía antidisturbios, que vestía uniformes de
camuflaje de selva, dirigía hacia ellos sus rifles de francotirador. La visión
de la policía civil usando uniformes militares y apuntando armas de guerra a
los ciudadanos estadounidenses provocó la indignación de ambos partidos. En una
audiencia realizada en septiembre ante el Comité de Seguridad Nacional y
Asuntos Gubernamentales, el senador Rand Paul, de Kentucky, dijo que la
militarización de la policía se había “salido completamente de control”. El
presidente Barack Obama creó un grupo de trabajo para estudiar el problema.
El 18 de mayo, la Casa Blanca declaró que el
grupo de trabajo había establecido regulaciones cuyo objetivo era hacer más
difícil que la policía adquiriera excedentes militares a precios de remate.
Anunció orgullosamente que el gobierno federal ya no distribuirá armas de grado
militar a la policía. Muchas personas aplaudieron este cambio en la política.
Kanya Bennett, abogada legislativa de la sección de Washington D. C. de la
Unión Estadounidense a Favor de las Libertades Civiles, calificó la prohibición
como “un paso crítico para la reconstrucción de la confianza entre la policía y
las personas a quienes han prometido servir”.
Las nuevas regulaciones disminuirán la
velocidad de adquisición de nuevo equipo, pero no desmilitarizarán nada. Lograr
que la policía se deshaga de sus armas de guerra será un proceso largo y
difícil.
Una nota al pie de la página 13 del informe
de cincuenta páginas del grupo de trabajo ejemplifica la dificultad que
enfrentan los reguladores federales al tratar de hacer que el genio de la
ametralladora vuelva a la botella. Promueve una “evaluación en todos los
niveles de gobierno” para determinar cuál es el equipo “prohibido” que tiene la
policía. Esto quiere decir que el gobierno no sabe lo que hay ahí afuera, por
no mencionar cómo los federales habrán de recuperarlo, si es que logran
hacerlo.
Parte de la razón por la que los reguladores
permanecen en la ignorancia es que la policía adquiere excedentes militares a
través de una serie de programas federales, y nadie lleva un registro
confiable. De los seis organismos federales que operan programas de adquisición
de equipo, sólo uno, el Departamento de Defensa (DOD, por sus siglas en
inglés), da seguimiento al equipo que envía y a sus destinatarios, afirma un
funcionario de administración que pidió permanecer en el anonimato.
Y, para empeorar aún más las cosas, el
programa de cada organismo tiene su propio conjunto de reglas y regulaciones.
Por ejemplo, el DOD mantiene la titularidad del equipo que transfiere a la
policía a través de su programa 1033. “Es como un arrendamiento”, señala Mark
Wright, portavoz del DOD. “Tú puedes usarlo mientras así lo desees. Pero una
vez que estás harto de él, no puedes simplemente desecharlo: ‘Hey, tenemos un
M16 modificado que ustedes nos dieron, pero lo aplastamos con un vehículo;
ahora se ha hecho añicos, así que simplemente lo tiramos’. No, no puedes hacer
eso. Ni siquiera vamos a enojarnos contigo por haberlo aplastado. Sólo tienes
que devolvérnoslo.”
Cuando se trata de armas transferidas por
otros organismos, parece casi imposible que el gobierno federal logre
arrebatárselas a la policía, ya que las jurisdicciones locales ahora son las
titulares. Otros organismos que realizan programas de transferencia de equipo,
entre ellos el Departamento de Justicia, el de Seguridad Nacional, el del
Tesoro y del Interior, así como la Administración de Servicios Generales, no conservan
la titularidad. Los reguladores federales aún no averiguan cómo podrían esos
organismos recuperar el equipo prohibido, de acuerdo con funcionarios del
Departamento de Justicia y de la Casa Blanca que pidieron mantenerse en el
anonimato. “Estamos entrando en un territorio nuevo”, señala Wright.
Otro problema es que, de acuerdo con otro
funcionario gubernamental que también pidió mantenerse en el anonimato, ninguna
“recuperación” sería aplicable sólo al equipo que está en la lista prohibida, y
no a los elementos de la llamada lista controlada, entre las que se incluyen
las granadas aturdidoras como la que casi mató a Bou Bou. Estas armas,
aunque fueron desarrolladas principalmente para operaciones militares, tienen
usos legítimos para la ejecución de la ley, señala el grupo de trabajo de
Obama. También forman parte de esa lista los vehículos antiminas que muchos
miembros del público confundieron muy razonablemente con tanques durante los
protestas de Ferguson. La lista también implica la mayoría de los rifles de la
policía, incluyendo los rifles de francotirador, así como el gas lacrimógeno,
que los signatarios de la Convención de Armas Químicas acordaron no disparar a
los soldados enemigos, pero que parecen no tener ningún problema en dirigirlo
contra sus propios ciudadanos.
Así que los contribuyentes deben preguntarse
cuál es la diferencia que marcará las nuevas regulaciones de Obama, si es que
lo hacen. La mayoría de los policías no parecen sentirse perturbados por ellas.
Thomas Manger, presidente de la Asociación de Jefes de Policía de las
Principales Ciudades, dijo en una declaración: “Estas recomendaciones,
desarrolladas en consulta con los organismos de ejecución de la ley, nos
garantizan que podemos adquirir y utilizar el equipo necesario en una forma que
respalde la transparencia y mantenga la confianza del público.”
Tal vez nuestra mejor esperanza es esperar
que la marcha militar de la policía se desgaste. Pero deberemos aguardar mucho
tiempo: gran parte del equipo recién regulado fue diseñado para funcionar en
condiciones de guerra, ya sea en los desiertos de Irak o en las montañas de
Afganistán. Difícilmente se oxidarán en lugares como Watertown, Connecticut,
cuya policía tiene un vehículo antiminas y con protección contra emboscadas, o
MRAP, por sus siglas en inglés. El pueblo, de veintidós mil habitantes, sede
del prestigioso colegio secundario Taft, no es exactamente Kandahar.